CRISIS
DE DEUDA Y DEFAULT MACRI
Por
Héctor GIULIANO (30.8.2019)
En
momentos de crisis los hechos y las noticias van más rápido que la
capacidad para analizarlos.
El
reperfilamiento unilateral de vencimientos de la Deuda Pública a
corto plazo anunciado el 28.8 por el Ministro de Hacienda Lacunza –
una variante de reestructuración de pasivos del Estado – es una
forma de Default o cesación de pagos por parte de la administración
Macri.
Su
efecto inmediato es el diferimiento o pateo
para delante de
una parte de estos vencimientos – constituidos por Letras del
Tesoro Nacional - a 3 y 6 meses, lo que en la práctica significa un
traspaso de la carga de dichas obligaciones al nuevo gobierno electo
apenas comience su gestión.
Lo
que sigue es un intento de interpretar – con los incompletos
elementos disponibles que se van conociendo día a día – el
carácter y alcance de la nueva Crisis de Deuda Pública que ha
llevado a este Default Macrista y el sentido de las medidas que se
están tomando al respecto.
DEFAULT
DE LA DEUDA DEL TESORO NACIONAL
El
presidente Macri vino a gobernar con Deuda, tomando sistemáticamente
compromisos sin capacidad de repago.
En dos
años fracasó abiertamente en su gestión económico-financiera,
llevó al país a un estado de cesación de pagos por
sobre-endeudamiento público y por ello ha tenido que blanquear
forzosamente una parte de ese Default.
Con
el agravante que este gobierno macrista no muestra capacidad ni
voluntad para detener el saqueo
financiero que
se está produciendo en la Argentina como consecuencia de la
iliquidez e insolvencia del Estado provocada por su política de
hiper-endeudamiento
ni exhibe aptitud a la altura de las circunstancias para manejar la
nueva Crisis de Deuda a la que ha llevado al país:
1.
Entre Diciembre de 2015 y Junio de 2019 el stock de la Deuda Pública
Bruta en cabeza del Estado Central aumentó en unos 170.000 MD,
que por efecto de sucesivas devaluaciones derivó en licuaciones
parciales de la deuda en pesos expresada en dólares por el
equivalente a unos 70.000 MD, de modo que el aumento final de la
Deuda hasta el presente quedó así relativamente
reducido
a unos 100.000 MD en números redondos.
2.
Los Intereses a Pagar por la Deuda Pública aumentaron más que
proporcionalmente al aumento del stock de la Deuda, siendo así que
hoy se paga el doble que en el 2015: aproximadamente 20.000 MD contra
9.800.
3.
Como agravante, a la vez que se aumentó el stock de la Deuda y sus
Intereses el gobierno Macri empeoró la composición y el perfil de
vencimientos de esta Deuda tomando obligaciones con acreedores
privados a cada vez menor plazo y mayor tasa de interés, lo que fue
estrangulando progresivamente la capacidad de pago de los servicios
financieros para atenderla.
Como
consecuencia del descontrol gubernamental sobre este proceso y de la
consecuente concentración de vencimientos la administración Macri
debió blanquear
esta
semana el default de una parte de sus obligaciones a corto plazo,
constituidas por diversas Letras de Tesorería: Letes (Letras del
Tesoro) en Pesos y Dólares, Lecap (Letras Capitalizables en Pesos),
Lecer (Letras ajustadas por Coeficiente de Inflación CER) y Lelink
(Letras ajustables por tipo de cambio-dólar).
Esta
medida – que constituye un default
técnico
porque incumple las condiciones de cancelación de las obligaciones
pactadas y como tal quedaría sujeta a eventuales acciones judiciales
en contra del Estado Argentino – afecta a personas jurídicas o
tenedores institucionales de letras (Bancos, Compañías de Seguro,
Fondos Comunes de Inversión-FCI y otros) pero no a personas humanas
o físicas, que no estarían alcanzadas por el cambio.
Todavía
no se tiene una cuantificación precisa del monto involucrado en este
reperfilamiento o diferimiento de pagos pero se estima representaría
entre 8.000 y 9.000 MD, monto que se traspasa a los inicios de la
próxima administración electa (Diciembre de 2019 y Febrero de
2020).
Como
el flujo de pago de los intereses no se interrumpe y no hay quita
sobre el Capital o Principal de las obligaciones, los tenedores de
letras no resultarían en principio perjudicados financieramente
porque seguirían cobrando los altos servicios de intereses a pagar
por mayor tiempo.
Pero
el riesgo de no devolución del capital por parte del Estado a las
nuevas fechas unilateralmente prorrogadas hoy por el presidente Macri
– que deliberadamente exceden su mandato – abre un nuevo capítulo
de incertidumbre sobre el pago de la Deuda Pública del Tesoro y un
interrogante adicional sobre la maniobra en curso: la sospecha de que
frente a las menores probabilidades de reelección el 27.10 la
actual administración trata de tirarle
por la cabeza
la verdadera bomba
de tiempo
por vencimientos a corto plazo por las deudas que estuvo y sigue
contrayendo sin posibilidad de respuesta dentro de un futuro cercano.
En
el contexto de esta agravada y creciente vulnerabilidad de la
capacidad de repago del gobierno, que se desata desde Abril del año
pasado – para poner una fecha de referencia identificable – se
plantea sobre la Argentina una
nueva Crisis de Deuda, acelerada por un Golpe financiero de Mercado,
que se continúa hasta hoy, un golpe liderado por pocos y grandes
operadores nacionales e internacionales con negocios en nuestro
país.
Estos
acreedores financieros del Estado, aliados y sostenedores de la
administración Macri hasta la fecha, son los que le han provisto la
mayoría de los cuadros del funcionariado superior de gobierno en
asuntos financieros
(Ministerio de Hacienda-MH y Banco Central-BCRA) – funcionarios
éstos que están actuando
en conflicto de intereses y en contra de los intereses financieros
fiscales y cuasi-fiscales de la Argentina
- son los que están obteniendo
ganancias históricas récord de carácter especulativo
merced a un despilfarro increíble e imparable de los fondos públicos
y son los mismos que ahora, frente al agravamiento de la Crisis de
Deuda que conjuntamente con el gobierno han generado, están
liderando la corrida cambiaria bajo fuego amigo con la cobertura de
un gobierno que les protege con la torpeza de sus medidas
y el
anonimato de sus operaciones de saqueo financiero.
EL
DEFAULT DEL BANCO CENTRAL
Siguiendo
la regla clásica de presentar la renuncia de un Ministro de Economía
– en este caso, de Hacienda Pública – como fusible
del
fracaso de la política seguida por el Gobierno Nacional, en el
intento de entretener a la opinión pública con un nuevo funcionario
superior y de vender nuevas expectativas para un próximo mandato
después de haber fracasado en los cuatro años del actual, el
presidente Macri aceptó la renuncia de Nicolás Dujovne, designó
nuevo Ministro a Hernán
Lacunza (que viene de pilotear un fuerte proceso de endeudamiento en
moneda extranjera de la Provincia de Buenos Aires,
bajo María Eugenia Vidal) y aceptó que se adoptara una serie de
medidas que blanquean el Default técnico de la Deuda Pública del
Estado.
Pero
estrictamente hablando quien desde este punto de vista debiera
haber renunciado es el titular del BCRA, Guido Sandleris, antes
que el Ministro de Hacienda Dujovne, dado que la Crisis de Deuda más
gravosa le ha explotado al gobierno Macri por el lado del Banco más
que por el lado del Tesoro.
Y
ello es así porque la nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina
constituye un problema financiero antes que un problema económico y
fiscal, porque dicha crisis deriva de poner la Política
Financiera del BCRA – Política Monetaria, Cambiaria y Bancaria –
al servicio de los negociados que los capitales financieros
aliados y amparados por el gobierno Macri siguen haciendo
diariamente.
Actualmente
el BCRA tiene dentro de sus Pasivos Remunerados 2.51 B$ (≡ 46.000
MD) correspondientes a 1.37 B$ de Leliq - que son obligaciones a 7
días de plazo y pagan más del 80 % anual por Tasa de Interés (hoy
el 83 % !) - más 1.17 B$ de Pases Pasivos – que son obligaciones
a sólo 1 día de plazo y pagan unos puntos menos de intereses que
las Leliq – lo que da un total diario de 5.500 M$ (≡ 100 MD) ó
2.03 B$ (≡ 36.700 MD) anualizados de Intereses a Pagar.
Tasas
de Interés que son las más altas del Mundo y que rinden las
ganancias en dólares más elevadas del planeta
a los capitales financieros golondrina – que lucran con el Carry
Trade o Bicicleta Financiera – a través del negocio de arbitraje
entre Tipos de Cambio y Tasas de Interés que administra el BCRA.
Un
BCRA que
hoy está técnicamente quebrado
y sin capacidad de responder a la sangría financiera de esos
intereses diarios que paga por sus Pasivos.
Es
notable que el gobierno blanquea el default de la Deuda a Corto Plazo
del Tesoro
pero
mantiene abierta la crisis de endeudamiento más grave y directa,
inmediata y/o de cortísimo plazo, correspondiente a Leliq y Pases
Pasivos del BCRA.
Más
grave aún porque el
sobre-endeudamiento Macri estalló por el lado del BCRA antes que por
el de la Tesorería
y su blanqueo sólo se difiere a costa de pagar intereses altísimos
por tasas de las Leliq y los Pases.
Empero,
el gobierno blanquea el Default de las Letras del Tesoro y
sigue sosteniendo la
hemorragia
financiera del BCRA.
Una
hemorragia
que
está derivando en la salida masiva de capitales especulativos de las
Leliq que se pasan a dólares mermando las reservas del BCRA y que el
Banco no puede detener frente a la trampa extorsiva de los acreedores
financieros que exigen cada vez tasas más altas a cambio de no irse
a la compra de dólares.
Es
parte de un juego financiero inmanejable y cuasi-delictivo armado
desde el gobierno Macri con los acreedores financieros del Estado,
que es tanto más grave desde el momento que ha tenido que blanquear
su default mientras que el del BCRA todavía sigue funcionando a
pleno, enmascarado por las autoridades y con más daño financiero
que nunca: tasas
superiores al 80 % anual por Intereses a Pagar, que son destructivas
para la Economía.
LA
INTERVENCION DEL CONGRESO
En
este contexto de quiebra de la Deuda Soberana bicéfala
Tesorería-BCRA no
está claro para qué el Poder Ejecutivo envía un Proyecto de Ley
(PL) al Congreso sobre reperfilamiento de Deuda
después de haber dictado el Decreto 596/2019 del 29.8, dado que:
a)
Por el Artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera
del Estado el Poder Ejecutivo está facultado para contraer Deuda
Pública sin Ley del Congreso con los organismos financieros
internacionales de los que la Nación forma parte, como es el caso
del FMI.
b)
Por el Artículo 65 de la misma Ley (artículo tan discutible como el
anterior pero por desgracia jurídicamente válido) el Ejecutivo
puede proceder prácticamente con total discrecionalidad en materia
de reestructuraciones de Deuda Pública, igualmente sin intervención
del Congreso.
c)
Por el Decreto 596/2019 se invoca expresamente “Que la presente
medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
99, incisos 1, 2 y 3, de la Constitución Nacional.” Una
disposición que también le permite al Poder Ejecutivo hacer
cualquier cosa y que ha utilizado siempre en forma discrecional,
incluso en medidas impositivas que son abiertamente
inconstitucionales, como las adoptadas recientemente sobre el IVA y
el Impuesto a las Ganancias.
Tradicionalmente
el Congreso omite cuestionar el hecho que estas contrataciones
unilaterales de endeudamiento por parte del Gobierno nunca son
acompañadas por una demostración de la capacidad de repago de las
mismas, violentando así el espíritu y la letra del Artículo 4 de
la misma Ley 24.156, que exige el requisito de la “eficacia y
eficiencia” en el manejo de los fondos del Estado.
En
síntesis, que en función de la Ley 24.156 de Administración
Financiera del Estado el reperfilamiento de Deudas a Corto Plazo del
Tesoro Nacional no requiere, en principio, la intervención del
Congreso y que si el Poder Ejecutivo eleva un PL al efecto (un
proyecto anunciado pero todavía no presentado) el mismo no tendría
sólo el objeto de convalidar lo actuado sino además dejar
comprometido al Parlamento – y específicamente a la oposición
política – en las medidas ya tomadas unilateralmente por el actual
Gobierno.
CONCLUSIONES
PROVISORIAS
La
palabra Default significa Incumplimiento y equivale a cesación de
Pagos.
Los
estados de cesación de pagos no son necesariamente quiebras de la
Deuda Soberana en su conjunto sino situaciones de hecho de mayor o
menor gravedad en las que el Deudor – en este caso, el Estado
Argentino – no puede cumplir en tiempo y forma sus obligaciones
financieras de pago.
Pero
el problema de los incumplimientos puede dar lugar a reclamos de
aceleraciones de pagos por parte de los acreedores – exigencias de
pago anticipado por violación unilateral de las condiciones
contractuales sobre letras – y/o por aplicación de cláusulas
Cross-default o incumplimiento cruzado, con el peligro de nuevos
juicios por parte de tenedores de títulos que no estén de acuerdo
con los cambios impuestos (nuevos Holdouts).
Este
tipo de problemas deriva comúnmente en refinanciaciones de pasivos
del Estado que son procesos desafortunadamente conocidos por la
Argentina a lo largo de las últimas décadas: Acuerdos de Nueva York
1985-1987 del gobierno Alfonsín, Plan Brady 1992-1993 del gobierno
Menem, Megacanje De La Rúa-Cavallo del 2001 y Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005-2010.
Todas
estas reestructuraciones fueron vendidas
en su momento a la opinión pública como supuestos éxitos
de negociación
pero todas terminaron en fracasos, en más problemas y en nuevas
reestructuraciones forzosas.
En
este marco, el mayor daño es que el Gobierno blanquea el default de
las Letras del Tesoro y le transfiere el problema al nuevo gobierno
electo, pero ese mismo gobierno sigue manteniendo – y más fuerte
que nunca - la sangría
financiera
del BCRA que se produce vía Leliq y Pases Pasivos.
Y
el mayor peligro es que deja planteadas así peores condiciones de
negociación futura para las próximas autoridades, prefigurando el
camino hacia un
nuevo Plan Brady,
conforme al Libreto de reformas estructurales pactado por la actual
administración con el FMI.
La
corresponsabilidad del FMI en la nueva Crisis de Deuda
que vive la Argentina, sostenida con su mega-préstamo de salvataje
del gobierno Macri por 56.300 MD y con ello el apoyo para que el
presidente pueda llegar al fin de su mandato en Diciembre está
haciendo
agua
aceleradamente y las inquietudes en el seno del Organismo se
revierten hacia sus propias autoridades, que quedan pegadas
a una toma de decisiones tan cuestionable como irregular.
La
situación planteada es lo suficientemente grave como para que el
arreglo Stand-By con el Fondo (SBA) pueda ser objetado en su
legitimidad y validez, e incluso pudiera ser impugnable como una
forma de Deuda Odiosa.
Hoy
la situación interna del Fondo estaría tanto o más expuesta que en
el pasado y el gobierno Macri tanto o más pendiente del próximo
desembolso de 5.400 MD previsto originariamente para mediados de
Setiembre.
Todas
las opciones están abiertas – porque nunca conocemos quienes,
donde y por qué toman las decisiones más importantes que afectan a
la Argentina y que en función de las mismas adoptan los gobiernos de
turno – pero ciertamente los hechos se precipitan porque siempre se
cumple la regla de que la Crisis es Aceleración.
Y
la principal advertencia está vigente: como lo venimos diciendo con
insistencia, no es cierto que la incertidumbre política derive en
inestabilidad financiera sino que la cosa es al revés: es la
incertidumbre financiera la que genera inestabilidad y crisis
política.
Lic.
Héctor L. GIULIANO
Asesor
del
FORO
ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro
Regional La Plata, Berisso y Ensenada
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Buenos
Aires, 30.08.2019
Archivo:
GIULIANO ARTICULO 2019 08 30 DEFAULT MACRI
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