Buenos
Aires, 14 de octubre de 2014
PATRIA
O DEUDA: ¡El único acreedor es el pueblo!
Documento de la Asamblea leido en apertura de Audiencia en Diputados
Parte de los participantes
El
presupuesto 2015 presentado por el Ejecutivo al Congreso, que ahora
cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ciertamente
muestra el crecimiento acelerado de los recursos destinados al pago
de intereses sobre la deuda, y el aumento del endeudamiento público
en sí.
Sin
incluir pago alguno a los fondos llamados “buitre” y “holdouts”,
el Presupuesto 2015 ajusta hacia abajo los recursos dedicados a la
política social y laboral, mientras eleva (a cifras equivalentes a
un “Hospital del Bicentenario” por día) lo que proyecta pagar
para servir a una deuda ilegítima e ilegal. Al mismo tiempo, el
gobierno apura la sanción de leyes nefastas como la de
Hidrocarburos, la de Semillas y la del nuevo Código Civil y
Comercial, y realiza convenios secretos como los de Chevron y con
China, que hacen una vil entrega del patrimonio y los bienes
naturales de todo el pueblo argentino, y de la jurisdicción
judicial, a cambio de una mera promesa de divisas para pagar deuda a
corto plazo, y la certeza de mayor endeudamiento y peores condiciones
a mediano y largo plazo.
Desde
la
Asamblea
por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la
Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes
(de
aquí en más la Asamblea),
rechazamos estas políticas de ajuste y entrega y denunciamos lo
ilícito de seguir pagando una deuda que ha sido condenada por
fraudulenta y arbitraria. En vez de preocuparse por imponer al pueblo
argentino la condición de “pagador serial” de lo que no debe,
reclamamos al Congreso y al gobierno que suspendan todo pago de deuda
hasta no quedar establecida su legitimidad y licitud.
Reclamamos
asimismo la inmediata puesta en funcionamiento efectivo de la
Comisión
Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la
Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación,
creada por la Ley 26.984 hace ya un mes. En ocasión del tratamiento
de esta ley, señalamos la flagrante contradicción y violación de
nuestros derechos humanos y populares, de la hipócritamente llamada
“Ley de Pago Soberano”.
Entre otros despropósitos, primero declara de “interés público”
el pago de una deuda que ha sido condenada en sede judicial
argentina; luego establece nuevas modalidades de pago de la misma; y
sólo después, crea una Comisión parlamentaria con el fin anunciado
de investigar las irregularidades que pudiera tener.
Resulta
claro que ni el Congreso (salvo pocas y honrosas excepciones), ni
menos el gobierno, tienen intención alguna de investigar a fondo la
deuda que bregan tanto por pagar. Sobre todo, sabiendo que es el
mismo Congreso, y el mismo gobierno que, como sus antecesores, desde
el año 2000 se han sistemáticamente negado investigar la deuda,
desobedeciendo e ignorando durante más de 14 años el fallo
plenamente vigente y nunca apelado del Juez Ballestero en la célebre
Causa Olmos, y permitiendo al Poder judicial un nivel de inacción y
omisión tan grave como las decisiones estrafalarias del juez
neoyorquino tan criticado. Buitres, cuervos y caranchos anidan tanto
los tribunales extranjeros como en los propios, así como los
ratoncitos amaestrados.
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