domingo, 15 de noviembre de 2009

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA INSTRUMENTADA EN LOS TÍTULOS PÚBLICOS QUE FUERAN ELEGIBLES PARA EL CANJE DISPUESTO POR DECRETO 1.735/04

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO EDUARDO MACALUSE EN LA CAMARA DE DIPUTADOS
Sr. Macaluse.- Señor presidente: este gobierno ha tenido una relación ambigua y bastante extraña con los organismos financieros internacionales. Por un lado los golpea en los discursos al punto de que ha recibido reclamos de algunos sectores internos frente a la virulencia con que los critica, y por otro, no sólo es el gobierno democrático que más le pagó a los organismos financieros internacionales sino que además pagó deuda por adelantado cuando estos mismos organismos reclamaban y advertían acerca de su sobreexposición en algunos países como Brasil, Rusia, Turquía y Argentina. Casualmente todos esos países definieron que había que pagar la deuda por adelantado para evitar esa sobreexposición.




La tesis de este gobierno, y la explicación que dio respecto a esos hechos curiosos, fue que si se tomaban los organismos financieros internacionales como acreedores privilegiados, éstos no iban a incidir desfavorablemente en la negociación con los bonistas. Esto fue desmentido por la realidad.
Por otro lado, significa presuponer que el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el Banco Mundial no tienen intereses en común; es más: que no representan los intereses de la banca internacional.
Creo que empíricamente en los últimos años hemos aprendido qué intereses representan estos organismos. Pero si queremos hacer un poco de historia, sería bueno leer algunos comentarios que hace Fred Block cuando nos remite a los acuerdos de Bretton Woods; las discusiones entre Harry Dexter White -representante de los Estados Unidos- y John Maynard Keynes -representante de Gran Bretaña-; quiénes fueron los que ganaron esas discusiones, en nombre de qué intereses y cómo incidió el departamento de Estado de los Estados Unidos, que en aquel momento expresaba los intereses de la banca internacional, necesitada de eliminar todos los alambrados y las restricciones que establecían cada uno de los países soberanos.
Como resultado de esto se ha calificado a la política que ha tenido este gobierno en relación con la deuda con un eufemismo, llamándola “política de desendeudamiento”. Se supone que si uno le paga más a los organismos financieros internacionales, queda liberado de las decisiones que ellos deben tomar.
Cuando el gobierno quiso continuar con la política de desendeudamiento, fue a pagar por adelantado lo que debía al Club de París. Y en el Club de París los gobiernos europeos dijeron que antes de pagarles lo que se les debía había que hablar con el Fondo Monetario Internacional.
Cuando fueron a hablar con el Fondo Monetario Internacional, éste les dijo que primero había que hablar con los bonistas y levantar los hold-outs, que es lo que el gobierno viene a hacer ahora. Es decir, ni el pago por adelantado ni el supuesto desendeudamiento ni los discursos ni los adjetivos liberaron al gobierno de tener que tomar decisiones que benefician a los peores sectores de la especulación financiera, que son los fondos buitres.
La futura norma y la negociación serán un premio a los que fueron más duros, a los que más especularon y a los que compraron bonos argentinos que tenían calidad de bonos basura. Les prometieron a sus inversores que iban a tener ganancias exorbitantes, y la futura ley facilitará a este gobierno el otorgarlas.
No sólo se suspenden los efectos de los artículos 1º y 2º que prohibían reabrir el canje –con lo cual esta ley cerrojo la convertimos en una ley trabita-, sino además se establece que no va a regir el artículo 3º, que dice que no se podrán mejorar ni igualar las condiciones del canje de 2005; como tampoco tendrá vigencia el artículo 5º, que expresamente prohíbe un trato más favorable a los que hayan hecho juicio contra la Argentina , sobre todo en tribunales internacionales.
Estamos dando por tierra con lo que no hace mucho, golpeándose el pecho, los diputados oficialistas sostenían como el cerrojo para impedir que se generaran negociaciones que favorecieran a estos fondos buitres.
Estamos ante un premio excesivo para esos bonistas que especularon, que jugaron contra la Argentina y que fueron a los tribunales internacionales. Lo pudieron hacer porque sigue vigente –aunque es nula- la ley que hace ingresar a la Argentina al CIADI. También es un premio para los bancos que en 2001 garantizaron la fuga de capitales de la Argentina , que no devolvieron las inversiones y los ahorros a los argentinos y que después aparecieron como negociadores llevándose comisiones y honorarios y excluyendo de estas negociaciones a la banca pública, que es la que debió haberlas llevado adelante.
Con estas decisiones se termina estableciendo que el arreglo de la deuda argentina está monitoreado por los organismos financieros internacionales y no por el Congreso de la Nación , que es el que debería hacerlo según el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Por eso en la época en la que se hizo la ley cerrojo le preguntaron al ministro de Economía de Italia, Doménico Siniscalco, qué significaba esa ley para los ahorristas italianos, y escuetamente sonrió y dijo: “Bueno, una ley puede ser modificada por otra ley”. Conocía el futuro de esas negociaciones, sabía lo que eso significaba.
¿Cuál es el beneficio concreto de esa ley? El supuesto acceso al crédito en divisas, que Argentina no necesita. Además demostró –esto es un mérito del gobierno que pudo tener seis años de crecimiento sostenido de la economía sin recurrir a ese tipo de crédito.
Con todo esto queda absolutamente claro que el control de las negociaciones no lo ha tenido el Congreso de la Nación sino los organismos de crédito, vapuleados por el gobierno en los foros internacionales, en los discursos, pero beneficiados con el pago por adelantado de sus deudas.
El default fue la oportunidad desperdiciada por el gobierno de resolver esto de otra manera. Veamos el ejemplo de la república hermana de Ecuador. ¿Qué hace el gobierno de Ecuador? Establece que es el Congreso el que debe definir y crea una comisión investigadora controlada por éste.
En esa comisión participan investigadores de intachable honestidad y se llega a conclusiones clarísimas que demuestran que la estructura del endeudamiento de Ecuador es muy similar a la estructura del endeudamiento de la Argentina.
Además se llega a dividir y establecer qué parte de su deuda es espuria porque no está documentada y qué parte debe ser pagada porque es legítima. El gobierno de Ecuador hace depósitos judiciales en bancos internacionales, de manera que se pueda pagar lo que corresponda una vez que esa comisión se haya expedido. Se paga lo que se debe, pero no se paga lo que no se debe.
Estas conclusiones a las que arribó Ecuador no hubieran existido si no fuera por las investigaciones de Alejandro Olmos en Argentina. Durante mucho tiempo Alejandro Olmos reclamó trabajosamente que este Congreso tomara la responsabilidad que le atribuye la Constitución , lo cual no ha sucedido casi nunca. Lo hizo sólo en el año 84 y se cortó el trabajo de una comisión.
Esto también lo ha dicho el fallo del juez Ballesteros. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto contenido en el expediente 607-D.-2008, que plantea la creación de una comisión bicameral que establezca qué parte de la deuda es legítima y qué parte no lo es.
Lo hemos seguido presentando durante muchos años, en algunos casos acompañados por diputados del oficialismo, como el “Barba” Gutiérrez, y por diputados de intachable honestidad como Patricia Walsh, Mario Cafiero y Alfredo Bravo. No hemos tenido respuesta del Congreso.
¿Quién de ustedes pagaría la cuota de un auto que no compró? ¿Quién de ustedes pagaría la hipoteca de una casa que no es de ustedes y que no hipotecaron, siendo que tampoco hay en la documentación firmas que avalen que contrajeron una deuda? Nadie lo haría. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar que el Estado o la comunidad hagan institucionalmente lo que ninguno de nosotros haría en forma particular? Es decir, aceptar deudas simplemente con la declaración jurada del acreedor, sin que medie documentación alguna de que se ha contraído esa deuda.
Eso es lo escandaloso de la deuda externa argentina. No sabemos hoy qué porción de la deuda es legítima y cuál, ilegítima. Pero sí sabemos que cada reestructuración de la deuda tiene como objetivo tapar el origen espurio de una buena parte de ella.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª
- de la Honorable Cámara , doña Patricia Vaca Narvaja.
Sr. Macaluse.- Es un eslabón más en la cadena de irresponsabilidades y encubrimientos para que no podamos saber la verdad y tengamos que seguir pagando lo que no deberíamos pagar.
En el 2005 se dijo que con la quita de la deuda debíamos menos. En 1975 se debían 7.800 millones de dólares, con un gobierno constitucional. En 1980 se debían 19.000 millones y cuando terminó la dictadura se debían 42.000 millones de dólares. En el 2001 se debían 144.000 millones de dólares.
Cuando se terminan las negociaciones en el 2005 se dice que ahora se debían 126.000 millones de dólares si entraban los bonos que están en hold-outs, que en ese momento representaban 152.000 millones de dólares. Hoy debemos 169.000 millones y los vamos a seguir pagando.
¿Cuánto puede sostenerse en el tiempo si las reestructuraciones de la deuda nos llevan a treinta años? Con el costo de destinar el 3 por ciento del producto bruto interno al pago de esa deuda, ¿cuánto vamos a pagar en crecimiento económico, en creación de infraestructura, en generación de empleo, en desigualdad social?
Estas son las respuestas que estamos dando cuando votamos este tipo de leyes. Después, cuando discutimos el presupuesto y hay ya antes establecidos compromisos que impiden que ese presupuesto pueda ser más justo, va a ser tarde.
Cuando discutimos políticas focalizadas o cuando discutimos carencias del Estado, hablamos también con adjetivos y con buena voluntad, pero no hablamos con los hechos.
Este tipo de leyes son las que generan los hechos que después nos impiden hacer de éste un país más justo. (Aplausos.)

Foro Argentino de la Deuda Externa
Regional La Plata, Berisso y Ensenada


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