Cómo se gestó el acuerdo entre Néstor K y el FMI para hacer aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal

El importante artículo de Edith SKarbun, escrito en agosto de 2009, fue difundido en la cadena de mail del Foro Regional el 21 de agosto de 2009.

La vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, otra imposición del Fondo Monetario Internacional, que le pone tope al gasto social de las provincias

Cómo se gestó el acuerdo entre Néstor K y el FMI para hacer aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal

A la Ley de Responsabilidad Fiscal se la puede considerar como una "ley de ajuste provincial". Es una iniciativa que limita el endeudamiento de las provincias al 15 % de los recursos corrientes. Para el Gobierno de Néstor K se trataba de una norma fundamental para que el Fondo Monetario Internacional diera su consentimiento a la tercera etapa de revisión de los compromisos asumidos con el organismo multilateral.




El día del debate, en el recinto del Senado de la Nación, el chaqueño Jorge Capitanich manifestó en su defensa: "se trata de una ley que establece reglas para el comportamiento fiscal y necesaria para volver a ser un país serio y normal". Contrariamente el radical Mario Losada sentenció al criticarla: "es un nuevo cepo para el comportamiento fiscal del país; un nuevo collar a la dependencia del poder central". La ley fue el producto de un largo entretejido político que tuvo dos ejes: por un lado las negociaciones del gobierno nacional con los gobernadores, y por otro, las deliberaciones con los senadores.
Asimismo, algunos senadores manifestaron discrepancias que sus propios gobernadores no hacían. Por ejemplo, un teléfono descompuesto fue el del mendocino Ernesto Sanz. A pesar del apoyo que el entonces gobernador mendocino Julio Cleto Cobos había adelantado a la norma, su correligionario Sanz fue uno de los críticos más duros. "Esta norma significa congelar la foto actual de los gastos primarios y atarlos al Producto Bruto Interno de la Nación. El Gobierno quiere mantener un sistema que perpetúa el dominio sobre las provincias", dijo Sanz cuando le tocó fundamentar la posición del radicalismo contra el proyecto oficial.
En tanto, el senador socialista Rubén Giustiniani opinó que la ley "profundiza la centralización económica en el poder nacional, somete a las provincias a sus discrecionalidades y coloca en peor situación a los municipios". Y la justicialista Sonia Escudero argumentó que "si hay una ley que doce provincias no pueden cumplir no es una ley seria. No sé qué estamos votando".
La Ley de Responsabilidad Fiscal demuestra que no nos independizamos del FMI
En la Carta de Intención firmada por el gobierno de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional el 10 de septiembre de 2003, el gobierno se comprometió a la aprobación de dos leyes antes de fines de junio de 2004: una nueva Ley de Coparticipación y la denominada Ley de Responsabilidad Fiscal. La primera supondría un nuevo reparto de la torta de impuestos nacionales entre jurisdicciones. La segunda comprometía a las provincias con el ajuste fiscal acordado con el FMI a nivel nacional para los años futuros. Para monitorear el cumplimiento de esas exigencias, venían a Buenos Aires misiones del Fondo, para sentenciar que sin ley de ajuste provincial, desde Washington no existía posibilidad de que levanten el pulgar.
Para entender este capítulo en la relación FMI-Nación-provincias, se debe comezar por el principio: la llamada Coparticipación Federal determina el reparto de todos los impuestos nacionales (salvo los del comercio exterior y la seguridad social), en primera instancia, entre la Nación y las provincias.
La Ley 23.548, de Coparticipación, sancionada en 1988, establecía que la Nación embolsaría el 42,34 % de esos impuestos, un 1 % iba a financiar la bolsa de los ATN, un 2 % era el Recupero Nivel relativo de ciertas provincias, y el 54,66 % restante sería transferido a las provincias.
Pero en el 2004, la Nación se apropia del 66 % del pastel coparticipable y las provincias reciben sólo el 34 %. Sin embargo, si se mira cómo se reparte la totalidad de los ingresos fiscales nacionales (incluyendo las retenciones a las exportaciones, que no se coparticipan, y el impuesto al cheque, que sólo coparticipa el 30 %), la diferencia es aún más notoria: la Nación se queda en la actualidad con el 72 % de los recursos tributarios y devuelve apenas el 28 % a las provincias.
Así lo explica el Senador socialista Rubén Giustiniani, en su nota titulada "El Avaro": "como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780 millones (considerando las contribuciones de seguridad social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $54.676 millones, que representa sólo el 27,37 %, porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos
Asimismo y más allá de mora constitucional, observamos con grave preocupación que el gobierno nacional no cumple siquiera con la ley vigente de Coparticipación Federal. Este panorama de holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el gobierno nacional explota a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.
La no sanción de un régimen que contemple de manera única, estable y transparente la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, sumado al deliberado incumplimiento de la garantía establecida en la Ley de Coparticipación vigente, favorece la centralización de recursos por parte del Estado Nacional en detrimento de las jurisdicciones provinciales así como incentiva una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Un comportamiento que es más propio de Harapagón, el protagonista de *El avaro* de Moliere, quien se queda con todo sin repartir, que de un gobierno preocupado por una distribución más equitativa de la riqueza".
¿Qué sucedió en el medio?. Merced a la presión del FMI (que en un país federal sólo podía negociar metas de ajuste fiscal con el gobierno central), Domingo Cavallo logró arrancarles a los gobernadores la firma de los llamados Pactos Fiscales, por los cuales resignaron fondos a favor de la Nación. Para ello, contó con la inestimable colaboración del ex ministro del Interior Carlos Corach, quien repartía discresionalmente Aportes del Tesoro Nacional y otros paquetes de socorro financiero para alinear voluntades en el interior. Dicho sea de paso, el cavallista Juan Carlos Pezoa, entonces subsecretario de Provincias y luego asesor del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue una pieza clave de ese aceitado engranaje de disciplinamiento político.
¿Cómo se distribuyen, a su vez, los fondos entre las provincias? Buenos Aires aporta el 34 % de los recursos fiscales a la bolsa de la coparticipación y retira sólo el 22 %. En Santa Fe, según Giustiniani "la pérdida de coparticipación de acuerdo a los porcentajes vigentes fue de $ 1.229 millones, lo que equivale al 10 por ciento de su presupuesto anual".
El proyecto de coparticipación de la administración Kirchner no modificaba, en lo sustancial, la desbalanceada asignación de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, además de congelar la posición relativa de Buenos Aires. Y en la Rosada saben que 2 o 3 puntos de coparticipación bastan para alinear a la mayoría de los gobernadores de las provincias chicas.
El apuro del Fondo Monetario por acelerar el trámite de la coparticipación residía en la ingenua creencia de que una nueva ley ofrecería "seguridad jurídica" a una distribución de impuestos favorable a la Nación. Sin embargo, el entonces Ministro de Economía, Roberto Lavagna consiguió que en Washington admitieran que, una vez abierta la caja de Pandora, el resultado podría ser justo el contrario. Se correría el peligro de que las provincias terminaran arrancándole a la Nación ingresos necesarios para garantizar el superávit fiscal prometido a los acreedores.
Por eso la exigencia de que se apruebe la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con ésta no habría "dispensa" que valga. Con esa norma, el Fondo pretendió que, por primera vez en la historia argentina, se fijaran estrictas pautas de superávit fiscal para los estados provinciales, además de establecer límites al endeudamiento.

Argumentos de quienes se opusieron a esta Ley


Los gremios estatales (CTA y ATE), la Corriente Clasista y Combativa, y los partidos políticos de la oposición (radicales, socialistas, izquierda), efectuaron un ácido planteo, calificando a la Ley como una inaceptable injerencia de los organismos internacionales financieros en la soberanía provincial. Una lectura rápida advertía el cercenamiento político y económico a las provincias, y que no correspondía dejar librado al deseo del Gobierno nacional y al de los organismos financieros internacionales, la posibilidad de aumentar el gasto social.
* Con la Responsabilidad Fiscal se congelaron los gastos primarios que se destinan fundamentalmente a la atención de las necesidades de la población, como son sus salarios, la educación, la salud, la previsión social y el desarrollo productivo.

* La Ley de Responsabilidad Fiscal "se traduce en muchas consecuencias para el conjunto de la población", ya que "liga el gasto público al crecimiento del Producto Bruto Interno".

* El Gobierno nacional de Néstor K reconoció que la exigencia de aprobar la ley obedecía a la presión del FMI, y que al no salir la Ley de Coparticipación, salió esta ley, que establece límites para el gasto público, "pero no establece los mismos límites para el pago de la Deuda Externa".
Las voces a favor de la Ley

Entre quienes defendieron la ley se pudo advertir el recurrente mensaje pragmático que indicaba que oponerse podía traer consecuencias más difíciles de afrontar. El oficialismo, básicamente, orgumentó que la ley exigía a las provincias ajustarse al presupuesto, y que nadie podía ir contra ese principio; además las ayudaría a acceder a un refinanciamiento de parte de su deuda, manteniendo ese equilibrio presupuestario. Aunque admitieron que se trataba de un pedido del FMI, sostenían que oponerse sería nocivo también para el Gobierno nacional en su negociación con los organismos internacionales.
El antecedente de 1999

La discusión de la Ley de Responsabilidad Fiscal tenía un antecedente. En 1999 firmaron, a modo de consenso, un compromiso similar (poco antes de las elecciones presidenciales de ese año), los candidatos a presidente Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo. En ese texto, el "desequilibrio fiscal" era el argumento utilizado al igual que lo fue en el año 2004. Esto le permitió argumentar lo siguiente al oficialismo: "como el compromiso de disciplinamiento no se cumplió y luego estalló la crisis, ahora es necesario retomar la intención de no evadirse de las posibilidades presupuestarias para garantizar la viabilidad económica".
Al margen de los ejercicios contables, desde los gremios estatales se reclamaba una mejor distribución de la riqueza, porque los salarios seguían por debajo de la línea de pobreza. Sin ir más lejos, al cumplirse a rajatabla la ley a la que adhirieron las provincias, no serían viables los aumentos que reclaman los trabajadores del Estado, ya que el excedente de dinero se debe destinar al pago de la Deuda Externa, mientras la población está cada vez más empobrecida.

La mal llamada "Ley de Responsabilidad Fiscal"

E 5 de agosto de 2004 el Congreso Nacional sancionó la mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, exigida por el FMI y enviada por el gobierno de Néstor K. Mal llamada porque la responsabilidad sería en todo caso distribuir el fisco, el erario o el Tesoro Público –formado con el aporte de todos nosotros-, para generar el bien común o el bienestar general. Nada más ajeno a este objetivo contiene esta Norma.
Esta Ley limita el gasto social (alimentos, salud, educación) de las provincias al pago de la Deuda Externa y no atañe a las condiciones de vida de la gente. Desgraciadamente, esto no es excepcional, la mayor parte de las acciones de nuestros "representantes" tiene el mismo sentido. Sólo para tomar casos recientes: el pago total de la deuda al FMI, al Club de París, la negociación con los bonistas y ahora la reapertura de esa negociación con los que habían quedado afuera, los aumentos de tarifas de las empresas privatizadas. El gobierno de los K no gobierna para nosotros sino para los organismos concentrados de capital. Ellos y los legisladores sabían perfectamente la oposición que hubo a la sanción de normas como ésta. Igual que en la época de Menem, los Kirchner ordenan alterar las leyes de nuestro país para cumplir las exigencias de un ente financiero internacional. Por eso sigue vigente la Ley de Responsabilidad Fiscal, otra imposición del FMI, que le pone tope al gasto social.
¿Es éste el modo de "independizarnos del FMI" como dicen los K?. ¡Soberanía sería renacionalizar el petróleo y las demás empresas privatizadas!
Por si no queda claro, la ley de Responsabilidad Fiscal, en sus aspectos más sobresalientes, implica un "corset" al gasto público ya que, tanto el Estado nacional, como los provinciales o municipales, no pueden aumentar las prestaciones sociales básicas (educación, salud, justicia, salarios, etc.) por encima del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, esta restricción no rige para los intereses de la deuda pública y para los gastos que se financien con los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID o el Club de París.
Los legisladores nacionales que hace 5 años se opusieron a su aprobación, como Claudio Lozano y Mario Cafiero, explicaron que "así se perpetúa una inequitativa distribución de los recursos entre la Nación y las provincias ya que, mientras éstas percibían a comienzos de los '90 $ 45 de cada 100 que se recaudaban, hoy apenas reciben $ 27". El documento elaborado por dichos diputados dedicó un párrafo al problema de la Deuda Externa. Ahí aclaraban que "la prioridad pública sigue siendo atender los intereses de la misma y residualmente los derechos de los ciudadanos". Es por eso que "el FMI pide la sanción de esta ley que tiene como único objetivo el más amplio superávit nacional, provincial y municipal, a los efectos de garantizar los pagos de la deuda financiera". La ley ofrece a los acreedores financieros cobrar un plus cuando el país crezca y mientras tanto sigue pendiente "el necesario debate acerca de la nueva Ley de Coparticipación Federal".

Así se cocinó la ley exigida por el FMI

Cuando llegó el día del debate en el recinto de la Cámara de Diputados, pese a la trabajosa tarea de convencimiento, el PJ no llegó a tener los 123 legisladores prometidos para la hora de comenzar la sesión. Apenas superaron el centenar y la ayuda llegó tanto de los transversales de "centroizquierda" (FrePaSo, Convergencia de Miguel Bonasso) como de los de derecha (UCeDé, Acción por la República y Unidad Federalista de Luis Patti), del economista de la CGT Daniel Carbonetto, y del Encuentro de Juliana Marino.
Con estos legisladores el tablero marcó 130 presentes, uno más que el exigido y comenzó la sesión. Esto provocó el veloz arribo de los representantes de la UCR, el ARI, el Socialismo, el Frente para el Cambio y la Izquierda Unida.
El responsable de justificar el proyecto del Gobierno recayó en el titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Snopek. El jujeño, recurrió a relatos telúricos para argumentar las razones de la iniciativa, comparó los excesos del gasto público con "un arriero que carga demasiado las espaldas de una mula cuando cruza el río y el animal termina ahogado". La figura sólo le causó gracia al propio diputado jujeño. De todos modos, se preocupó en advertir que la norma "no congela el gasto público por siempre. Hay que tener en cuenta que es una ley de adhesión y como tal puede sufrir correcciones aunque siempre con prudencia".
Curiosamente, el relato de la mula reapareció en el discurso de Claudio Lozano, quien a diferencia de Snopek comparó a la mula con el pueblo argentino y al arriero con los acreedores del FMI. "Entonces los que se ahogan son parte de la población por culpa de políticas económicas como la que se pretende votar", sostuvo. Es más, indicó que la Responsabilidad Fiscal es a la política fiscal lo que la convertibilidad fue a la política monetaria y tipo de cambio.
Una de las voces radicales que marcó la oposición al proyecto fue la del chaqueño Noel Bread, quien aseguró que el paradigma neoliberal que impuso el menemismo y continuó el gobierno de la Alianza no se modificó como parecía: "Esta ley que impulsa el Ejecutivo demuestra que el paradigma neoliberal está intacto".
En tanto, por el socialismo, Héctor Polino sentenció que "es una ley inconstitucional".


EDITH SKARBUN
Miembro del Foro Regional La Plata Berisso y Ensenada
Foro Argentino de la Deuda Externa

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Consecuencias del modelo privatizador

El diputado socialista Ricardo Cuccovillo presentó un Proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre cuál es el "estado en que se encuentra el llamado a licitación internacional para la construcción del gasoducto submarino que unirá Tierra del Fuego y Santa Cruz, anunciado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner", tras el fracaso del primer intento de adjudicación, a mediados del año 2008.

Por Edith Skarbun

En los últimos tiempos nuestro país ha mostrado síntomas de una crisis energética. El gobierno, preocupado por el impacto electoral, primero la negó, después intentó medidas restrictivas al consumo y, finalmente la atribuyó, en el caso de la provisión de gas, a maniobras de las distribuidoras, con el objeto de conseguir aumentos de tarifas.
Cayeron las reservas de gas y el autoabastecimiento podría perderse en pocos años; en los hechos, faltó gas para el transporte. Desde 1988 (en épocas de YPF y Gas del Estado) no se construyeron gasoductos troncales o regionales para el consumo interno, al tiempo que se inauguraron siete a Chile, uno a Brasil, y otro a Uruguay, para exportar el recurso. Recibieron de YPF un caño abierto, sacaron lo máximo, vendieron a precio internacional dentro y fuera del país, exportaron, y no hicieron inversiones.
Este modelo de gestión privatista de los recursos naturales, mantiene nuestros recursos estratégicos, como la energía, en manos de monopolios, fundamentalmente extranjeros, cuyo único interés es consumar el saqueo de nuestras riquezas en el menor tiempo posible, para maximizar sus ganancias.
En este contexto, el diputado socialista Ricardo Cuccovillo presentó un Proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre cuál es el "estado en que se encuentra el llamado a licitación internacional para la construcción del gasoducto submarino que unirá Tierra del Fuego y Santa Cruz", esto es el tendido de un nueva tubería de 38 kilómetros que irá paralela al cruce submarino existente en el estrecho de Magallanes. Por ello, pide precisiones acerca de si "esta obra estará inyectando gas en el ducto para mayo de 2009 y completada para junio del mismo año, tal como fue anunciado al momento de difundirse el llamado a licitación por el Ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido". También solicita se informe cuál será el presupuesto que demandará esta obra, cómo se financiará y cuánto será el aporte que realizará el Estado para su realización.
La primera licitación efectuada el año pasado no logró prosperar por el impacto de la crisis económica y la falta de actualización del presupuesto asignado a la obra. El único oferente que llegó a la instancia final, el grupo compuesto por la brasileña Odebrecht y la estadounidense Global Industries, desistió de firmar el contrato y el proceso licitatorio se dio por caído. Hasta ahora, los posibles interesados en la obra serían Odebrecht y Global y la compañía europea Saipem Services, quien en el anterior llamado se había asociado con el grupo local Electroingeniería.
Según Cuccovilo, motiva su pedido "la necesidad de conocer el estado de avance de obra del gasoducto San Martín y que, como expresara al momento del llamado a licitación el ministro De Vido, la presente obra 'es una muestra de soberanía'. La importancia del emprendimiento a realizar -explica el diputado- fue reforzada por la Gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quien expresó: ´aunque esta obra en apariencia sólo sirve para Tierra del Fuego, es importante para una Argentina que lleva adelante un proceso para verse como un todo'".
Para Cuccovillo, "esta obra resulta de suma importancia, pues de ejecutarse en tiempo y forma permitirá un ahorro sustancial de dinero a los usuarios de gas de todo el país, además de la creación de puestos de trabajo con mano de obra Argentina. Es de destacar que, dicha obra, además de la importante misión de enarbolar soberanía, estaría generando el abaratamiento del costo del gas consumido por la población, objetivo tan pronunciado por los distintos estamentos del Estado Nacional".

¿Obras soberanas o barco regasificador?

Sin duda, es imprescindible terminar la obra a fin de que los 8.000.000 de metros cúbicos diarios de gas que este gasoducto permitirá inyectar a la red, hará innecesario el alquiler del barco regasificador que desde el 30 de mayo del 2008 hasta fines de septiembre de ese año estuvo en el puerto de Bahía Blanca, lo cual significó un costo de 530 millones de dólares, valor resultante del costo de alquilar el buque más el costo de reaprovisionamiento con gas licuado al mismo por los barcos metaneros.
"Este valor de 530 millones de dólares por la provisión de hasta 8.000.000 millones de metros cúbicos de gas diarios(capacidad máxima de tratamiento de gas licuado que tenía el barco regasificador) -denuncia Cuccovillo- resultó un costo diez veces superior a lo que se podría haber pagado si hubiese provisión de gas por parte de los productores nacionales".
Según revistas técnicas, el costo posible del mencionado gasoducto, estaría cercano a 200 millones de dólares, los cuales deben ser prorrateados durante toda la vida útil del gasoducto.
Cuccovillo explica que "el actual ducto, bajo el estrecho de Magallanes tiene más de 20 años; la obra que se proyecta paralela a la misma posee un diámetro de 24 pulgadas, cuando en la superficie el gasoducto San Martín tiene 30 pulgadas, situación que determinará un cuello de abastecimiento del gasoducto al atravesar el estrecho. Esto se podría corregir con la realización de esta importante obra".
Por otro lado, si la obra se ejecutase antes de este invierno sería posible no hacer uso de la opción de alquilar nuevamente el barco regasificador, con el consiguiente ahorro de la tan abultada cifra de 530 millones de dólares. Asimismo, el diputado socialista aclara: "nos preocupa la no difusión del avance de las obras y las informaciones públicas acerca de la existencia de dificultades de financiamiento para la ejecución de la obra que la estarían atrasando".
Cualquier evaluación de alternativas, entre la ejecución del gasoducto y la utilización del mismo para inyectar gas de los yacimientos existentes en el mar, adyacente a Tierra del Fuego, en el que se encuentra la mayor reserva gasífera del país (como la del yacimiento Carina) comparada con los costos de alquilar el barco regasificador (de los cuales existen muy pocas unidades en el mundo, lo que sube el costo), más el abastecimiento por parte de los buques metaneros de gas licuado de petróleo, es claramente favorable la ejecución de la obra de construcción del gasoducto a través del Estrecho de Magallanes. Por esto, insiste el diputado, "es una obra estructural de larga vida útil, como lo prueba el actual gasoducto, y resultaría conveniente su ejecución ya que se la puede amortizar en un solo año".
Como conclusión, sintetiza Cuccovillo: "Importar gas licuado de petróleo a través de un barco o utilizar gas de nuestros yacimientos de Tierra del Fuego, adquiere especial dramatismo para los usuarios, puesto que según el Decreto N° 2067, de noviembre de 2008 y la resolución N° 563/08 de ENERGAS, se crea un Fondo Fiduciario para pagar las importaciones de gas natural y complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para garantizar el abastecimiento interno. Estos cargos -advierte- incrementan los valores que pagarán los usuarios en montos mayores al 100% para los consumos residenciales de más de 1000 metros cúbicos anuales" (vale aclarar que esto corresponde a una familia tipo con una estufa de 4000 calorías, una cocina y un calefón, según datos de consumos del INTI).

Recuadrar lo que sigue:

Alrededor del 36% de la población no recibe gas natural por redes y si se considera a aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, casi el 60% consume otras formas de energía, principalmente garrafas cada vez más caras. ¿Es sólo imprevisión o se trata de consecuencias de una política que favorece sin límites la ganancia de un grupo de monopolios extranjeros y de burguesía intermediaria?.
Ocho empresas encabezadas por Repsol producen el 92% de la oferta de combustibles. Esas empresas participan también en el resto del negocio energético. El 85% de la extracción de gas está en manos esas mismas empresas. Repsol tiene participación en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Petrobras en Transportadora de Gas del Sur(TGS). Antes todo correspondía a YPF.

Aclaración de la autora
Lo que sigue es la nota que escribí para el Semanario Parlamentario (anticipándome a lo que iba a pasar con el aumento de las tarifas del gas, ya que salió en el N° 973, del 17/04/2009), a partir de un proyecto del diputado de la Nación, Ricardo Cuccovillo. En este proyecto, cuestiona la anulación de un llamado a licitación internacional para construir un gasoducto (desde 1988, gobierno de Alfonsín, no se construyó un sólo gasoducto para consumo interno) y, los costos del alquiler del barco regasificador por 530 millones de dólares (valor resultante del costo de alquilar el buque más el costo de reaprovisionamiento con gas licuado al mismo por los barcos metaneros), para reemplazar la provisión de gas (¡¡¡Qué tal ...!!!).
Como advertirán, el gobierno de los K. prioriza el alquiler de este barco regasificador a construir obras soberanas, del mismo modo que prioriza el pago de la Deuda Externa, ilegítima y fraudulenta, según el dictamen de un juez de la Nación, antes que pagar la Deuda Social.
Además, advertimos del Decreto N° 2067, de noviembre de 2008 y la resolución N° 563/08 de ENERGAS, por el cual se creaba un Fondo Fiduciario para pagar las importaciones de gas natural y complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para garantizar el abastecimiento interno.

EDITH SKARBUN
Miembro del Foro Regional La Plata Berisso y Ensenada
Foro Argentino de la Deuda Externa

Foro Argentino de la Deuda Externa
Regional La Plata, Berisso y Ensenada