HOLDOUTS: CLÁUSULA
RUFO Y AÑO 2015.
Por Héctor GIULIANO
(2.1.2015).
(Negritas, subrayados y bastardillas y resaltados son del Foro Regional)
El nuevo año
se abre con una peculiar expectativa de arreglo de la cuestión de los Holdouts
(los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010) en el marco de la Crisis de Deuda Pública que
arrastra la Argentina.
Habiendo logrado diferir el
cumplimiento del fallo Griesa hasta el fin del 2014 – con la aquiescencia de
los principales actores del sistema financiero pero con una “soga corta” que le
restringe su libertad de movimientos – el gobierno CFK encararía ahora
las negociaciones del caso para fijar las
condiciones de pago de la sentencia judicial, una sentencia que perdió en todas las instancias
legales de los tribunales norteamericanos cuya competencia reconoció.
El establishment le
está recordando a la presidenta que con el supuesto vencimiento de la cláusula
RUFO se le habrían acabado las “excusas” al gobierno para no pagar lo que manda
el juez Griesa y que los tiempos urgen para dejar acordada la forma de pago a
los acreedores siguiendo la modalidad de firma por esta administración de
obligaciones que tienen que pagar las venideras.
LAS CLÁUSULAS DEL
MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA.
Las
graves complicaciones para el Estado Argentino
del entramado jurídico y financiero del Megacanje 2005-2010 no provienen sólo de cláusulas
pre-existentes sino de agregados particularmente concesivos aceptados por la
administración Kirchner a través de dicho acuerdo:
a)
Prórroga de Jurisdicción ante Tribunales Extranjeros.
b)
Renuncia a oponer la inmunidad soberana.
c)
Exenciones impositivas – presentes y futuras – a los acreedores, sin
retenciones de ningún tipo sobre pagos de Capital e Intereses.
d)
Paridad de trato a los Acreedores – Pari Passu – en la emisión de los
nuevos bonos.
e)
Cláusula del Acreedor más Favorecido, consistente en extender a todos
los acreedores cualquier mejora concedida a uno de ellos.
f)
Compromiso de no hacer – Negative Pledge – consistente en el compromiso
de no gravar activos del Estado a favor de otros acreedores (como el caso de
prendas o hipotecas) como garantía de disponibilidad de bienes para el caso de
embargos contra el país.
g)
Cláusula Cross Default o incumplimiento cruzado, según la cual la falta
de cumplimiento de uno sólo de los servicios (Capital y/o Intereses) implica
automáticamente la mora y posibilidad de reclamo de todos los acreedores,
disparando la aceleración o exigencia anticipada de las obligaciones.
h) Cláusula de Acción Colectiva (CAC) o
incorporación de la regla según la cual ante cualquier problema futuro con los
nuevos bonos emitidos rige el criterio que lo decidido por la mayoría obliga
también a la minoría de los tenedores.
Toda
esta batería de cláusulas implica que la Argentina ha quedada “atada de pies y
manos” en materia legal frente a cualquier forma de incumplimiento de los
nuevos bonos.
Parte de este tipo
de condiciones ya habían sido aceptadas en casos precedentes del país –
especialmente desde el Plan Brady 1992/93 – pero
otras fueron cláusulas nuevas incorporadas por la actual administración.
Mas independientemente
de sus antecedentes, la realidad es que esto
lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005,
con la responsabilidad técnica del Ministro de Economía Roberto Lavagna y su
Secretario de Finanzas Guillermo Nielsen; y
que lo ratificó su esposa, Cristina Fernández,
con la reapertura del canje en el 2010, bajo la responsabilidad técnica del
Ministro Amado Boudou y el Secretario Hernán Lorenzino.
EL FRACASO DEL MEGACANJE KIRCHNER.
La actual nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina –
crisis por Insolvencia, debido a que el país no tiene capacidad de repago y
crisis por Iliquidez, porque no tiene las divisas necesarias para atender los
servicios de Capital e Intereses – está directamente relacionada con el fracaso
del Megacanje Kirchner-Lavagna.
Un plan de
refinanciación de deuda fracasa cuando – después de haber sido “vendido” a la
opinión pública como un “éxito de negociación” – resulta que en la práctica no
puede pagarse si no es cancelando vencimientos con nuevas deudas y contrayendo
deuda adicional, que es lo que la administración Kirchner ha venido haciendo en
su “década ganada”.
El
gobierno Kirchner ha estado falseando abiertamente los resultados de su
Megacanje con el engaño del “des-endeudamiento” público y con la misma regla seguida por
todos los gobiernos que lo precedieron – desde el Proceso Militar hasta la
fecha - en materia de reestructuraciones de Deuda.
Los Acuerdos de
Nueva York 1985-1987 bajo la administración Alfonsín (con el equipo económico Sourrouille-Brodersohn-Marx), el Plan Brady
1992-1993 bajo la administración Menem (con el equipo
Cavallo-Marx) y el Megacanje 2001 bajo la administración De la Rúa (también con el tándem Cavallo-Marx) fueron todos presentados en su
momento como grandes éxitos de negociación pero terminaron en fracasos y en sendas
crisis de Deuda, que llevaron incluso a la caída dos de esos gobiernos: crisis
de los años 1989 (Hiper-Inflación y crisis de Balanza de Pagos), 1995 (Efecto
Tequila) y 2001 (fin de la Convertibilidad, que había sido sostenida con Deuda
Externa).
De la misma manera
que los anteriores, tampoco el Megacanje
Kirchner-Lavagna pudo ser atendido con recursos genuinos y el gobierno debió
apelar desde entonces a recursos extraordinarios y no propios del Estado: uso de las reservas
internacionales del Banco Central (BCRA) para el pago de Deuda Externa a
Organismos Financieros Internacionales – empezando por el FMI – y Acreedores
Privados, estatización de las AFJP
para usar los recursos previsionales de la ANSES en forma masiva
transfiriéndole la carga de la Deuda a los Jubilados y desvío de los recursos crediticios del Banco Nación (BNA) y de
una pluralidad de organismos oficiales con el mismo objetivo.
Habiendo agotado así
prácticamente la capacidad de traspaso de sus obligaciones externas a Deuda
intra-Estado (hoy casi un 60 % de la Deuda Total) y habiendo asumido a la vez
un stock igualmente creciente de Deuda Pública por toma de nueva deuda a un
promedio mayor a los 10.000 Millones de Dólares (MD) por año, la administración
Kirchner terminó en el mismo tipo de crisis que todos los gobiernos
precedentes: Crisis de Deuda por incapacidad de Pago y paliativo de
re-endeudamiento permanente.
LA VALIDEZ DE LA
CLÁUSULA RUFO.
Todo el mundo viene
diciendo que concluido el año 2014 se produce la caducidad de la cláusula RUFO
y por ende el gobierno quedaría liberado de la obligación de extender los
beneficios de mayor pago a los holdouts también a los bonistas del Megacanje.
En esto coinciden
las interpretaciones del gobierno, la oposición política, los medios de prensa
y todo un coro de economistas del establishment, deseosos que el país acelere
su retorno al Mercado Internacional de Capitales en función de la Hoja de Ruta
Boudou, cuyo cumplimiento está en curso.
Pero todas estas voces parecen desconocer los términos
reales de la grave situación que enfrenta hoy la Argentina y que ha puesto en
advertencia un trabajo – ya citado por nosotros más de una vez – de Javier
Llorens: “La Argentina Zombi III: Un perro llamado RUFO o el perro de la RUFO,
para disimular la RUFO FOR EVER que acecha a la Argentina” (Agosto 2014).
Básicamente, lo que
sostiene Llorens es lo siguiente:
- Que la Cláusula RUFO – Derecho a futuras Ofertas – contenida en el
prospecto de emisión de los bonos del Megacanje Kirchner-Lavagna permitía al país efectuar nuevas ofertas
de canje o llegar a acuerdos privados con los holdouts, sin tener que
aplicar la Cláusula MFC (Acreedor más
favorecido).
- Que el
problema lo generó el gobierno K con el dictado de las Leyes cerrojo y
conexas – Ley original 26.017, Ley 26.547 de reapertura del
Canje, Ley derogatoria 26.886 y leyes anuales de Presupuesto – que
establecieron la prohibición de mejorar las condiciones de canje a los
holdouts en relación a las acordadas con los bonistas.
- Que, como
consecuencia de haber suspendido y anulado el gobierno Kirchner – por las
leyes citadas - la alternativa de las
cláusulas RUFO/MFC al prohibir mejoras y acuerdos futuros, la RUFO
no habría vencido en Diciembre sino permanecería en vigencia, lo que expone
al Estado a tener que extender a los Holdin (los bonistas del canje)
cualquier oferta más favorable que obtengan los Holdouts (los que no
entraron).
El tema es
sumamente complicado y las interpretaciones al respecto pueden ser discutibles
pero seguramente no le evitarán al Estado Argentino nuevos dolores de cabeza
por reclamos de acreedores.
No va a faltar
algún bonista díscolo que pueda intentar un reclamo de este tipo pese a que el
gobierno confía en estar liberado de la cláusula RUFO por vencimiento a fin del
2014 cuando ello no estaría asegurado.
Más aún, cualquier
bonista del canje pudiera accionar contra el Estado Argentino por mala fe en el cumplimiento de los compromisos pactados y, particularmente, por
la intención evidente de dilatar cualquier acuerdo de pago con los Fondos
Buitre (FB) a partir del 2015, especulando con burlar el cumplimiento de la
RUFO.
Es obvio que el
país puede sufrir un reclamo por este motivo dado que si el gobierno no se
creyese obligado por las cláusulas RUFO-MFC no hubiera asumido este
comportamiento dilatorio, apelando a toda una serie de cuestiones de
procedimiento para burlar la aplicación de la RUFO, aunque sin poder escapar a
la orden del juez Griesa de pago a los holdouts a valor nominal.
El gobierno Kirchner lógicamente no va a reconocerlo –
nunca admite sus errores sino que, por el contrario, trata de disfrazarlos en
forma bastante burda (Inflación, Crecimiento, Salarios Reales,
Pobreza/Indigencia, Deuda Pública) – pero la verdad
es que esto es producto no sólo de la estructura de arrastre del problema de la
Deuda sino además, y muy especialmente, de sus propios errores en la forma de
negociación de la misma y en la estrategia legal seguida frente a los
acreedores, fundamentalmente: no
cuestionando la legitimidad de los bonos, aceptando la condición de los FB como
tenedores y reconociendo el valor nominal de los títulos en lugar del valor de
compra.
Por ello, frente a
la encerrona financiera y legal, un gobierno nacional que quisiera replantear
las reglas de juego debería hacer hoy
tres cosas básicas:
- Blanquear el Default
de la Deuda Pública suspendiendo el pago de sus Servicios.
- Abrir una Auditoría
integral de la Deuda, esto es, investigarla para determinar su grado de
legitimidad.
- Una vez determinada
la Deuda Legítima y la Capacidad real de pago del Estado, proceder a una
reestructuración forzosa y no voluntaria de toda la Deuda.
Es probablemente la última oportunidad que tendría esta administración si
quisiera intentar la confrontación necesaria para no seguir hundiendo al Estado
en esta nueva ola de endeudamiento perpetuo, en lugar de seguir siendo fautor
de tal endeudamiento.
Caso
contrario, el país marcha hacia un nuevo allanamiento a las exigencias de pago
de todos los holdouts (con los FB a la cabeza),
hacia una muy probable derogación de las leyes cerrojo y conexas (incluyendo la
Ley 26.984, que establece la creación de una comisión investigadora de la
legitimidad de la Deuda y que el gobierno incumple en constituirla) y con ello hacia
el objetivo buscado del Megacanje Kirchner-Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou,
que es volver al Mercado Externo de Capitales, precisamente para tomar más
Deuda.
Lic. Héctor L.
GIULIANO
(2.1.2015).
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Secretariado Nacional y del
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
forodeudaexternalp@hotmail.com
forodeuda.lp@gmail.com
Archivo: GIULIANO
ARTICULO 2015 01 02 HOLDOUTS Y RUFO
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