LA DEUDA PÚBLICA
DEL 2015.
Por Héctor GIULIANO
(26.12.2014).
(Negritas, subrayados y bastardillas son del Foro Regional)
Mucho se habla de
conjeturas y expectativas sobre lo que puede pasar el año próximo en materia
económica pero poco se dice sobre las realidades concretas del endeudamiento
público frente al 2015.
El gobierno
Kirchner no suministra información acerca del monto y composición de la Deuda
del Estado. La última dada a conocer por el Ministerio de Economía (MECON) corresponde
al 31.12.2013.
Esto es, que ha
transcurrido todo el año sin que se tenga información sobre la evolución del
endeudamiento durante el ejercicio 2014.
Con el agravante
que el Presupuesto - aprobado a fines del 2013 - fue inmediatamente alterado,
apenas iniciado este año, cambiando los supuestos macro-económicos básicos
(devaluación, inflación, crecimiento económico, etc.) sin que el Congreso
hiciera nada por intervenir y dejando que el Ejecutivo decidiera
unilateralmente en el manejo de las Finanzas Públicas vía Decretos de Necesidad
y Urgencia (DNU) y uso de Poderes Especiales.
La administración K
no cumple así con una normativa presupuestaria lógica, legal y conocida ni con
su deber de confeccionar y difundir - en tiempo y forma - los informes
trimestrales de Deuda Pública.
Ni siquiera cumple con
dar mínimos datos actualizados o resumidos sobre el total de dicha deuda a
través de comunicados oficiales, pese a que se trata de novedades que
forzosamente se monitorean a diario.
Este comportamiento
restrictivo deliberado priva de información clave para los análisis
económico-financieros y favorece la continuidad del tratamiento secreto de la
Deuda Pública.
Es parte de la
política institucional de ocultamiento de las cuestiones de fondo y de las
informaciones básicas relativas a la Deuda por parte del gobierno (que no
suministra los datos), de la oposición (que no se los reclama) y de la prensa
(que cumple en no “levantar la perdiz” sobre lo que está verdaderamente
ocurriendo en materia de endeudamiento fiscal).
Si no se tienen
datos actualizados y en firme del 2014 menos se tendrán sobre las reales perspectivas
del 2015, cuyas cifras dependen no sólo del perfil de vencimientos de arrastre
sino también – y muy especialmente - de las continuas modificaciones y/o
agregados que se están produciendo.
CUÁNTO DEBE LA
ARGENTINA?
Según los números
del MECON al 31.12.2013 la Deuda Pública en cabeza del Estado Central – es
decir, sin Provincias/Municipios, Banco Central (BCRA), Deuda Pública Indirecta
(Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios) y Juicios
contra el Estado con sentencia en firme – sumaba 214.400 MD (Millones de
Dólares, con redondeo): 202.600 MD de Deuda Performing o con cumplimiento en el
pago de intereses y 11.800 MD de Deuda en default (incumplimiento), computada
por el gobierno con los Holdouts (los bonistas que no entraron en el Megacanje
Kirchner-Lavagna 2005-2010).
Estas cifras, sin
embargo, son muy engañosas e incompletas:
a) Porque toman como base un stock de deuda bajo el falso supuesto que el
mismo se va cancelando anualmente a medida que caen los vencimientos cuando
ello no es cierto porque la totalidad de dichos importes se renueva a su
vencimiento y además se toma nueva deuda pública, de modo que el saldo de deuda
no baja y los importes, en consecuencia, no son decrecientes sino incrementales.
b) Porque los datos se refieren sólo a la Deuda Oficial por Capital y no
incluyen la suma de Intereses a pagar, que según el propio MECON sería de
72.400 MD[1]
para todo el período de deuda activa – hoy hasta el 2046 - siendo obvio que este
concepto no debiera omitirse porque cuando se tiene una deuda la misma incluye
principal más intereses.
c) Porque en esos totales de deuda no se incluyen las obligaciones por
pago de cupones PBI, que son deuda en firme – no contingente – y suman
aproximadamente otros 15.000 MD.
Esto significa entonces
que, tomando los propios datos del MECON al fin de 2013, el Gobierno Central
debía a esa fecha unos 301.800 MD (214.400 + 72.400 +15.000) y no los 202.600
MD que aduce para los cálculos oficiales, debido a que allí se toma solamente
la Deuda Performing.
CUÁNTO AUMENTÓ LA
DEUDA EN EL 2014?
Este dato –
conforme lo dicho antes acerca de la falta de información oficial – es un
interrogante, pero puede inferirse tomando dos puntos de referencia: la deuda
prevista en el Presupuesto y la deuda extraordinaria asumida durante el año.
- El Presupuesto original 2014 contenía una previsión de nueva deuda
pública por 12.700 MD, producto de la diferencia entre 44.300 MD de
vencimientos de capital durante el ejercicio y 57.000 MD de nuevo endeudamiento
público, que comprende la refinanciación total de las deudas que vencen en el
período.
- A esta suma autorizada hay que agregarle las deudas nuevas que no
estaban contempladas en el Presupuesto y que se sabe fueron contraídas hasta
ahora en la medida en que han tomado estado público durante el año: unos 700 MD
de bonos emitidos para pago de laudos perdidos ante el CIADI, 11.000 MD por
pago con bonos de indemnizaciones a Repsol por YPF (6.000 MD de Capital más
5.000 de Intereses) y unos 3.700 MD adicionales de pago al Club de París (9.700
MD reconocidos contra 6.000 MD registrados por el MECON). Es decir, que durante
el 2014 el gobierno habría incorporado hasta hoy deuda extraordinaria o no
prevista por unos 15.400 MD.
No se toman aquí en
cuenta las nuevas deudas en pesos por Bonar 2016/2017 ni las tomadas por Bonad
2016/2018 bajo modalidad dollar-linked porque se supone que tales títulos
estarían dentro de los totales autorizados por el presupuesto.
Lo mismo que los
nuevos Bonar 2024 colocados en Diciembre – por 275 MD – si se los considera
incluidos en los topes de endeudamiento autorizados por el Presupuesto.
En compensación a
estos incrementos de deuda habría que considerar – como ya pasó en ejercicios
anteriores – una reducción contable relevante por la deuda en pesos que está
expresada en dólares, como producto de la devaluación ocurrida desde Enero y
que pudiera estimarse en unos 11.400 MD.[2]
Ergo,
tentativamente la suba del total de Deuda Pública podría haber llegado este año
a unos 16.700 MD (12.700 + 15.400 – 11.400).
Reiterando que se
trata de cálculos muy estimativos dada la falta de datos oficiales.
LOS VENCIMIENTOS
DEL 2015.
Según el último Informe
de Deuda Pública del MECON - al 31.12.2013 - en el 2014 se producirían vencimientos
por 38.350 MD de Capital y 7.900 MD de Intereses; en total, servicios de deuda
por 46.250 MD.
Dentro de los
38.350 MD de Capital, 25.000 MD – que es mucho más de la mitad (el 65 %) – eran
Adelantos Transitorios (AT) del BCRA al Tesoro, que nunca se pagan sino que se
renuevan íntegramente al vencimiento.
Cabe observar, sin
embargo, que estas cifras fueron difundidas durante el corriente año - muy a
posteriori del envío del Proyecto de Ley de Presupuesto 2014, que fuera
ingresado a mediados de Setiembre del 2013 y aprobado por Ley 26.895 del 22.10.
Al 30.9.2013 – una
fecha también posterior a la remisión del proyecto de presupuesto - el MECON
daba vencimientos en el 2014 de 29.000 MD por Capital y 7.200 MD por Intereses.
En total, servicios por 36.200 MD.
Y antes de ello, al
30.6.2013 los datos para el 2014 eran todavía menores: 28.000 MD por Capital y
6.900 MD por Intereses. En total, 34.900 MD.
Esto prueba la
fuerte variación que se produce en la composición de la Deuda y sus
vencimientos a través de la propia información oficial del MECON; con el
agravante que todas estas cifras, a su vez, no son coincidentes con las
aprobadas en el Presupuesto 2014, pese a que los datos se elaboran en la misma
época.
La Ley de
Presupuesto aprobada para este año (2014) – como ya dijimos – prevé la toma de
nueva deuda por 57.000 MD, basándose en vencimientos o amortizaciones de
capital por 44.300 MD, lo que conlleva el aumento de los 12.700 MD citado.
El importe de los
intereses a pagar según el Presupuesto 2014 – que, a diferencia de los
vencimientos de capital, no se refinancian sino que se abonan en efectivo –
era, a su vez, de 12.200 MD (casi el doble de los informes del MECON).
Mostradas contra el
Presupuesto 2015 este tipo de diferencias son mayores aún.
Para el año que
viene el último Informe del MECON (al 31.12.2013) daba vencimientos de 15.950
MD por Capital y 7.000 MD por Intereses – total 22.950 MD - mientras que el
Presupuesto aprobado por el Congreso reconoce ahora Amortizaciones de Capital a
su vencimiento por 53.600 MD (!) y Endeudamiento de 71.300 MD, lo que da un
aumento previsto de 17.700 MD en el stock de deuda durante el 2015; y pago de
Intereses por 10.200 MD.
Las cifras consignadas
en los informes del MECON al 30.9 y al 30.6.2013, peor aún, daban 13.650/6.500
MD (total 20.150 MD) y 11.900/6.150 MD (total 18.050 MD) para Capital e
Intereses, respectivamente.
Estas disparidades
de cifras constituyen algo así como una constante en materia de informaciones
sobre el perfil de vencimientos de la deuda pública: los importes de
vencimientos según los Informes de Deuda del MECON son siempre mucho menores
que los consignados como amortizaciones y pago de intereses que se aprueban
después por las leyes de Presupuesto de la Nación.
LOS HOLDOUTS Y LA
CLÁUSULAS RUFO/MFC.
El arreglo de la
cuestión de los holdouts – que se supone el gobierno empezará a regularizar a
partir del 2015, aunque en forma gradual – implica montos totales de pago
estimados entre 20 y 30.000 MD, contra la cifra de 11.800 MD que se computaba
oficialmente a fines de 2013, es decir, más del doble de las previsiones (y que
el gobierno estima ahora en el orden de los 15.000 MD).
No se trata de
deudas que el gobierno haya cuestionado en su legitimidad sino de obligaciones reconocidas
por las cuales sólo ha interpuesto sucesivos y hasta contradictorios argumentos
para objetar el cumplimiento del fallo del juez Griesa: básicamente, la
discusión sobre el bloqueo de pago a los bonistas como condición extorsiva del
pago a los holdouts.
Las vulnerabilidades
de fondo de la posición argentina frente a los holdouts, empero, no están dadas
sólo por estas exigencias “de coyuntura” sino por la aceptación cuasi
irrestricta de la prórroga de jurisdicción ya realizada ante los tribunales
extranjeros y la errónea estrategia legal seguida por el gobierno Kirchner a
través del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que desde los
tiempos del Plan Brady lleva la representación jurídica de la Argentina ante
los tribunales de Nueva York.
Habiendo esta administración
Kirchner reconocido la competencia de dichos tribunales neoyorkinos y habiendo
después apelado y perdido todas las instancias legales posibles en los fueros estadounidenses,
el gobierno CFK parece haberse acordado algo tarde del hecho que los FB son
malos, que ganan sumas extraordinarias y que tienen capacidad de lobby.
Si verdaderamente
hubiera querido confrontar con inteligencia los reclamos de los FB contra la
Argentina, el gobierno tendría que haber objetado debida y oportunamente la
condición de los fondos especulativos como tenedores no originales, debiera
haber planteado que los eventuales resarcimientos debían hacerse a valor de
compra y no a valor nominal de los títulos – dada la situación de emergencia
que vivía el país – y, consecuentemente, debería haber blanqueado en forma
realista su verdadera situación de insolvencia e iliquidez financiera, en vez
de proclamar supuestas mejoras sin precedentes en materia de política económica
nacional.
Así, el mismo
gobierno que se jactaba de haber alcanzado aparentes éxitos sin precedentes de
crecimiento de la economía en todos los órdenes era el mismo que jugaba ante
los holdouts el argumento del arrastre de la Crisis del 2001 y la necesidad de
mantenimiento de la Ley de Emergencia Pública 25.561 (del 7.1.2002) con todas
sus prórrogas hasta fin del 2015 (!).
Temprano o tarde,
era insostenible que los juicios iban a perderse y que las acreencias
reclamadas serían exigidas así a valor facial, sin atenuantes para nuestro
país.
Por eso actualmente,
tal como están las cosas, la aceptación del cumplimiento de la sentencia Griesa
y los pagos correspondientes son así sólo una cuestión de tiempo ... de tiempo
y de teatralización de los argumentos acerca de cómo presentar los hechos ante
la opinión pública.
A partir del 2015
la administración CFK va a tener que afrontar estas condiciones desiguales sin
mucho margen para la negociación.
Con el agravante
que aparte de esta masa de reclamos y juicios – las demandas hoy existentes de
los holdouts, las que se están sumando del resto de los tenedores que no
ingresaron en el Megacanje Kirchner-Lavagna y las numerosas demandas pendientes
ante el CIADI – hay que contemplar la posibilidad de nuevos reclamos
provenientes de los bonistas que ya entraron en el canje.
Porque el
cumplimiento del fallo Griesa – aún presumiendo que se pague a los Fondos
Buitre (FB) y resto de acreedores una parte al contado y otra con bonos - no
exime al Estado Argentino de posibles reclamos por parte de los bonistas que
entraron en el Megacanje 2005-2010 debido a que el gobierno Kirchner reconoció
a esos bonistas, según las condiciones del canje, las cláusulas RUFO (Derecho a
futuras ofertas) y MFC (Acreedor más favorecido), que lo dejan expuesto a
reclamos de estos acreedores frente a mayores cobros de los holdouts.
La opinión
generalizada supone que nuestro país no tendría problemas en burlar el
cumplimiento de estas cláusulas habiendo logrado dilatar cualquier
reconocimiento a los FB después del 31.12 de este año, en que vence la cláusula
RUFO.
Sin embargo, la
Argentina no queda exenta de sufrir la demanda de algún bonista díscolo que
reclame el cumplimiento de la cláusula del Acreedor más favorecido por el hecho
de obrar el gobierno Kirchner de mala fe al dilatar cualquier arreglo con los
FB y los holdouts en general para el 2015.
Y todo esto, siempre
que se soslaye un problema existente más grave aún y que es de carácter
general, en cuanto a la no prescripción de la cláusula RUFO - según lo
sostenido por Javier Llorens[3]
- dado que la vigencia de esta cláusula no caería a favor de la Argentina
porque el problema no deriva de las condiciones del prospecto de colocación de
títulos sino de la prohibición de mejora hecha a través de la Ley cerrojo
26.017 y conexas.
EL ROL DE LA DEUDA
INTRA-ESTADO.
Durante 10 años de
administración K el país ha vivido pagando deuda externa mientras tomaba más
deuda y preparaba su retorno al Mercado Internacional de Capitales.
La presidenta se
jacta y protesta ante los acreedores externos de haberles pagado 190.000 MD
(cifra sobre la cual no se conoce desagregado explicativo alguno) durante la
“década ganada”, pero ocurre que ahora la Argentina debe más que antes.
Después del
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 el stock oficial de la Deuda Pública era de
unos 150.000 MD por capital y hoy – como hemos visto – es de 214.400 MD (saldo
a fin de 2013) más deudas adicionales contraídas durante este año, que no
bajarían de los 16.000 MD (según lo visto más arriba).
Las deudas que se han
venido contrayendo y que se van a contraer en el futuro próximo no tienen capacidad
de pago demostrada: son obligaciones que se toman con la sola esperanza de
poder volver a refinanciarlas a su vencimiento.
Son una forma
reiterada de Lavado de Deuda: obligaciones que arrastran sucesivas
irregularidades de contracción, refinanciamiento y falta de solvencia fiscal,
pero que se perpetúan por la complicidad de gobiernos de turno y clase política
en la no investigación de esas deudas.
Durante toda la
gestión K la principal tarea del gobierno en materia de endeudamiento fue pagar
privilegiadamente a los acreedores externos – sin cuestionamiento alguno –
traspasándole las obligaciones impagables a los organismos del propio Estado,
fundamentalmente ANSES (que administra la plata de los jubilados), BCRA (que
administra las divisas del país) y Banco Nación (BNA, que es la principal
entidad crediticia nacional).
Hoy el gobierno y
todo el establishment financiero, con el acompañamiento de la mayoría de la
clase política y los grandes medios de formación de la opinión pública, repiten a coro que la Argentina se está
des-endeudando, refiriéndose así sólo al hecho que la mayoría de la deuda
impagable ha sido traspasada al propio Estado y, por ende, al Pueblo Argentino
(traspasada a pérdida, porque es deuda que no tiene capacidad de repago).
Todos ponderan que
ahora el gobierno tiene menor deuda externa con acreedores privados del país
pero nadie dice media palabra sobre el hecho que la Deuda Pública ha venido
aumentando a pasos acelerados y que sus proyecciones son más crecientes
todavía.
Nadie plantea el gran
interrogante sin respuesta de quién, cómo y cuándo pagará toda esta cuantiosa
Deuda intra-Estado generada por el gobierno Kirchner para privilegiar el pago
de Deuda Externa con Terceros.
Peor aún, todos
callan en forma cómplice frente a la maniobra en curso por parte del gobierno
de ir licuando esa deuda intra-Estado vía inflación y sub-indexación de las
obligaciones en pesos.
Nadie menciona el
costo de esa Deuda Interna que agrava el desfinanciamiento del Sistema
Previsional, la descapitalización del BCRA y la distorsión del Sistema
Crediticio Argentino por culpa del pago de la Deuda Externa.
Con el agravante y
la paradoja que todo este sacrificio fiscal está puesto al servicio del
objetivo del fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna y de la actual Hoja de Ruta
Boudou, que es normalizar la crisis de los holdouts y arreglar con el Club de
París para volver al Mercado Externo de Capitales para tomar más deuda.
Es el tradicional camino
señalado por el Partido de la Deuda, que propone dejar de emitir dinero sin
respaldo para seguir emitiendo deuda sin capacidad de repago.
Lic. Héctor L.
GIULIANO
Buenos Aires,
26.12.2014.
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Secretariado Nacional y del
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
forodeudaexternalp@hotmail.com
forodeuda.lp@gmail.com
Archivo: GIULIANO
ARTICULO 2014 12 26 DEUDA 2015
NOTAS:
[1] Este total de intereses a pagar, a su vez, está sub-estimado en las
planillas desagregadas de los informes de Deuda porque aparece calculado sobre
un total de 196.500 MD y no sobre el total de deuda real de 214.400 MD ni sobre
el propio oficial de 202.600 MD..
[2] La Deuda Pública en Pesos al 31.12.2013 era equivalente a 77.200 MD.
Si se considera una devaluación anualizada del 30 % durante el corriente año esta
suma quedaría reducida en 23.200 MD, a unos 54.000 MD.
Pero
una parte relevante de la deuda en pesos está colocada a tasa variable – 19.200
MD – y otra parte se ajusta por CER – 28.400 MD – que replica la Inflación
Oficial (estimada por el propio gobierno en un 24 % anual).
De
este modo, deudas en pesos por el equivalente a 47.600 MD (19.200 + 28.400) se
indexan poco más o menos por la inflación, lo que compensaría la depreciación
citada de 23.200 MD en unos 11.400 MD (47.600 x 0.24), quedando así una
reducción neta de la deuda en pesos de 11.800 MD (23.200 – 11.400).
La
inflación interna constituye un factor relevante de reducción de la deuda en
pesos expresada en dólares, que ahora se ha venido atenuando relativamente por
la menor diferencia entre la devaluación de la moneda local y el reconocimiento
de una mayor inflación oficial (30 contra 24 %).
La
licuación de la deuda en pesos que se produce por la inflación beneficia a la
Tesorería pero perjudica a los principales acreedores, que son la ANSES (que
administra la plata de los jubilados), el BCRA (que emite ese dinero sin
respaldo para prestárselo al gobierno vía Adelantos Transitorios) y el Banco
Nación (BNA, que lo sustrae a la masa de crédito productivo).
[3] Ver Javier Llorens: “La
Argentina Zombi III: Un perro llamado RUFO o el perro de la RUFO, para
disimular la RUFO FOR EVER que acecha a Argentina” (3.9.2014).
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