LA
DES-INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
Por
Héctor GIULIANO (20.12.2014).
(Negritas, subrayados y bastardillas son del Foro Regional)
Quien
no investiga delitos sobre los que hay evidencia cierta y comprobada
es, en principio, cómplice de esos delitos.
Esto
ocurre en la Argentina en materia de endeudamiento público desde
hace décadas – desde el Proceso Militar hasta nuestros días –
sin que la línea de conducta de los gobiernos de turno haya cambiado
un ápice sobre el tema.
La
administración K no es una excepción en tal comportamiento y
algunos hechos recientes no sólo lo están demostrando sino que
además están poniendo en evidencia una serie de acciones
distractivas al respecto.
LA
COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA LEY 26.984.
La
Ley 26.984 - llamada de “Pago soberano” y “Reestructuración de
la Deuda” - establece taxativamente la creación de una Comisión
Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la
Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Título
II, Capítulo único, Artículo 12).
Esta
Comisión estaría compuesta por 8 senadores y 8 diputados,
respetando la proporción de las representaciones políticas dentro
del Congreso.
El
texto de la norma – vale la pena recordarlo – dice lo siguiente:
“La
Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por
finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el
estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde
el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones,
refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos
de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión
fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en
cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.
Asimismo,
la Comisión tendrá las siguientes funciones:
1.
El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.
2.
La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil
operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el
cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que
desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por
aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a
desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el
Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.
3.
La presentación de un informe final respecto de los temas
comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas
Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de
su constitución.
La
Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá
solicitar información, documentación o datos a organismos
nacionales, provinciales o municipales, centralizados,
descentralizados o autárquicos, como así también a entidades
financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a
cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de
sus cometidos.
Los
miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el
personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar
la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que
tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de
divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren
acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados
incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el
régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del
Código Penal.”
Hasta
aquí lo establecido por la Ley 26.984, que fue propuesta por el
Poder Ejecutivo y aprobada por amplia mayoría oficialista en el
Congreso el 10.11 pasado.
Con
el argumento de que no se ha cumplido el objetivo de la ley al
fracasar el intento de cambiar a jurisdicción local el pago a los
bonistas del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 existen fuertes
presiones de los sectores financieros para que la Ley 26.984 sea
derogada, o bien permanezca – como hasta ahora - en un abierto
incumplimiento por parte del mismo Congreso que la votó y que lo
obliga a sí mismo.
LOS
PROYECTOS-TAPON DEL OFICIALISMO.
En
un claro y bastante burdo intento de distraer la atención de la
opinión pública acerca del incumplimiento de la Ley 26.984 y no
constituir la comisión investigadora de la ilegitimidad de la Deuda
que la norma establece, el gobierno Kirchner ha venido acelerando el
avance de algunos proyectos-tapón que actúan como distractivos del
asunto central:
a)
EL PROYECTO RECALDE.
El
Congreso avanza actualmente en el tratamiento del proyecto de ley del
diputado Héctor Recalde (FPV) 1.676/14, que propone la creación de
una comisión para investigar la complicidad de grupos económicos
privados en la época del Proceso Militar (1976-1983).
La
iniciativa busca identificar empresas que colaboraron y se
beneficiaron con la dictadura y elaborar un informe para promover la
investigación de responsabilidades en el campo económico y
financiero vinculadas con la represión y el terrorismo de Estado.
La
comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar
"la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y
fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas
legislativas que propendan a desalentar conductas como las
investigadas". Recalde señaló que su proyecto apunta a "la
búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los
empresarios durante la última dictadura". Y agregó que “esta
iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la
mendacidad y la impunidad". (Infojus Noticias, 11.11.2014).
Esta
iniciativa está en línea con lo sostenido en el libro “Cuentas
pendientes”, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.
b)
LAS PROPUESTAS DE CAPITANICH.
El
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su Informe al Senado del 22.10
pasado denunció el “terrorismo económico” contra el gobierno
argentino a través de “maniobras especulativas” tendientes a
desestabilizar al gobierno argentino y pidió crear una comisión
bicameral que investigue el tema.
Capitanich
pidió la constitución de una comisión que investigue “una serie
de maniobras vinculadas al sector privado”, con el objetivo de
“identificar todas las operaciones de lavado de activos, maniobras
especulativas, impacto a la ley penal cambiaria y precios de
transferencia”.
Se
refirió también a la existencia de unas 80.000 causas en el BCRA
por infracciones cambiarias y precisó que dado que tales
irregularidades llevan largos años sin resultados – la mayoría
corresponderían al período 2002/2008 - debía hacerse un análisis
riguroso para determinar el por qué de tales demoras.
Mencionó
también el problema de las maniobras de fuga de capitales en los
últimos años – para lo cual pidió la creación de otra comisión
investigadora - y recordó además la vigencia del artículo 12 de la
Ley de Pago Soberano para investigar el origen de la deuda.
Pero
puso énfasis en diversos frentes de problema que se superponen con
el tema Deuda.
“Este
Congreso de la Nación – dijo - debe profundizar una investigación
muy concreta, no solamente sobre el origen de la deuda, sino también
extender y crear una comisión bicameral con el objeto de estudiar
minuciosamente la fuga de capitales, las subfacturaciones, las
operaciones de lavado de activos financieros, las maniobras
especulativas de activos bursátiles, porque es imprescindible
terminar con estas maniobras que atentan contra la soberanía del
país y la gobernabilidad”.
Las
denuncias de Capitanich estaban en ese momento particularmente
referidas a las maniobras investigadas por el gobierno sobre las
empresas del grupo Mariva pero el alcance de sus propuestas, como
vemos, sería mucho más amplio.
c)
LAS CUENTAS EN SUIZA.
En
línea con esta pluralidad de propuestas oficialistas aceleradas
sobre el fin del año (y al borde del receso veraniego), días
pasados el Congreso dio “trámite expreso” a otro proyecto
intercalado a posteriori de la Ley 26.984: la creación de otra
comisión más, para investigar la denuncia sobre cuentas no
declaradas de argentinos en Suiza.
El
proyecto – que ya es ley – establece la creación de una comisión
bicameral compuesta por 5 senadores y 5 diputados para realizar una
investigación sobre Fuga de Capitales y Evasión Fiscal en la
Argentina, sobre la base de informaciones pasadas por un ex directivo
del banco HSBC acerca de la existencia de 4.040 cuentas de individuos
o empresas de la Argentina no declaradas ante la AFIP y que
abarcarían unos 3.000 MD (Millones de Dólares).
Se
ha objetado – y objetado con razón – que el motivo invocado por
el gobierno no amerita la constitución de una comisión de este tipo
ya que la tarea y la responsabilidad primaria de investigación recae
en la AFIP y en la Justicia.
No
es éste el caso, en cambio, de la comisión investigadora de la
legitimidad de la Deuda fijada por la Ley 26.984 porque la misma
involucra el análisis de irregularidades que tocan a los
funcionarios y organismos del Estado en relación con grupos
financieros privados, pone en duda la validez de normas y/o
decisiones oficiales y afecta la estructura permanente de las
Finanzas Públicas de la Argentina.
Pero
la administración Kirchner privilegia el tratamiento de proyectos
marginales y cuestionables como distractivo de la Comisión
investigadora de la Deuda, que es la más importante de todas.
EN
CONCLUSIÓN:
La
cuestión de la Deuda Pública sigue siendo el problema central que
afecta el sistema financiero fiscal y la política económica de
gobierno argentino pero la misma es deliberadamente soslayada por el
Gobierno K.
Este
comportamiento no toca sólo a la administración de turno sino que
es una constante compartida por toda la clase política, apoyada en
la tríada oficialismo-oposición-medios que determina lo que es la
Opinión Pública en el país.
Pero
su actor y responsable directo es hoy una administración que toma
las decisiones de endeudamiento, que enmascara esas decisiones con un
discurso confrontativo inverso a las acciones que adopta y que
confunde a la población con proyectos superpuestos y distractivos
que apartan el eje de atención del problema central y absoluto de la
Deuda.
El
gobierno Kirchner – después de 11 años de gestión y en el último
de su mandato – parece haberse acordado algo tarde de proponer
todas estas comisiones, que además da la casualidad que se
superponen a fines del ejercicio 2014 (previo a las vacaciones del
Verano) neutralizando en la práctica el cumplimiento de la más
importante de todas, que es la comisión investigadora de la
legitimidad de la Deuda Pública según lo dispone la Ley 26.984 de
Pago Soberano.-
Lic.
Héctor L. GIULIANO
Buenos
Aires, 20.12.2014
Asesor del
FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Secretariado Nacional y del
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
forodeudaexternalp@hotmail.com
forodeuda.lp@gmail.com
Archivo:
GIULIANO ARTICULO 2014 12 20 DES-INVESTIG
DP
No hay comentarios:
Publicar un comentario