Buenos
Aires, 14 de octubre de 2014
PATRIA
O DEUDA: ¡El único acreedor es el pueblo!
Documento de la Asamblea leido en apertura de Audiencia en Diputados
Parte de los participantes
El
presupuesto 2015 presentado por el Ejecutivo al Congreso, que ahora
cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ciertamente
muestra el crecimiento acelerado de los recursos destinados al pago
de intereses sobre la deuda, y el aumento del endeudamiento público
en sí.
Sin
incluir pago alguno a los fondos llamados “buitre” y “holdouts”,
el Presupuesto 2015 ajusta hacia abajo los recursos dedicados a la
política social y laboral, mientras eleva (a cifras equivalentes a
un “Hospital del Bicentenario” por día) lo que proyecta pagar
para servir a una deuda ilegítima e ilegal. Al mismo tiempo, el
gobierno apura la sanción de leyes nefastas como la de
Hidrocarburos, la de Semillas y la del nuevo Código Civil y
Comercial, y realiza convenios secretos como los de Chevron y con
China, que hacen una vil entrega del patrimonio y los bienes
naturales de todo el pueblo argentino, y de la jurisdicción
judicial, a cambio de una mera promesa de divisas para pagar deuda a
corto plazo, y la certeza de mayor endeudamiento y peores condiciones
a mediano y largo plazo.
Desde
la
Asamblea
por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la
Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes
(de
aquí en más la Asamblea),
rechazamos estas políticas de ajuste y entrega y denunciamos lo
ilícito de seguir pagando una deuda que ha sido condenada por
fraudulenta y arbitraria. En vez de preocuparse por imponer al pueblo
argentino la condición de “pagador serial” de lo que no debe,
reclamamos al Congreso y al gobierno que suspendan todo pago de deuda
hasta no quedar establecida su legitimidad y licitud.
Reclamamos
asimismo la inmediata puesta en funcionamiento efectivo de la
Comisión
Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la
Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación,
creada por la Ley 26.984 hace ya un mes. En ocasión del tratamiento
de esta ley, señalamos la flagrante contradicción y violación de
nuestros derechos humanos y populares, de la hipócritamente llamada
“Ley de Pago Soberano”.1
Entre otros despropósitos, primero declara de “interés público”
el pago de una deuda que ha sido condenada en sede judicial
argentina; luego establece nuevas modalidades de pago de la misma; y
sólo después, crea una Comisión parlamentaria con el fin anunciado
de investigar las irregularidades que pudiera tener.
Resulta
claro que ni el Congreso (salvo pocas y honrosas excepciones), ni
menos el gobierno, tienen intención alguna de investigar a fondo la
deuda que bregan tanto por pagar. Sobre todo, sabiendo que es el
mismo Congreso, y el mismo gobierno que, como sus antecesores, desde
el año 2000 se han sistemáticamente negado investigar la deuda,
desobedeciendo e ignorando durante más de 14 años el fallo
plenamente vigente y nunca apelado del Juez Ballestero en la célebre
Causa Olmos, y permitiendo al Poder judicial un nivel de inacción y
omisión tan grave como las decisiones estrafalarias del juez
neoyorquino tan criticado. Buitres, cuervos y caranchos anidan tanto
los tribunales extranjeros como en los propios, así como los
ratoncitos amaestrados.
Por
lo tanto, y teniendo presente todo su contexto, como Asamblea
reclamamos
no sólo la inmediata puesta en funcionamiento efectivo de la
Comisión,
sino también que se dote a la misma del poder, recursos y personal
necesarios e idóneos para lograr de una vez que se establezca la
Verdad del sistema de endeudamiento público, se consolide la Memoria
pública al respecto, y se haga Justicia.
Verdad,
Memoria y Justicia
ya son patrimonio de la cultura política y sentido común de nuestro
pueblo en relación al terrorismo de estado de la pasada dictadura.
Verdad, Memoria y Justicia deben también establecerse respecto del
sometimiento económico vía endeudamiento y saqueo de los bienes
comunes, contracara inescindible del mismo terrorismo dictatorial.
Con esta mirada debe encara su acción la Comisión
Investigadora Parlamentaria
(CIP).
El
punto de partida de su trabajo debe ser las más de 477 ilicitudes ya
comprobadas en el dictamen del Juez Ballestero en la Causa Olmos, así
como las pruebas acumuladas en las numerosas investigaciones
judiciales argentinas subsecuentes. Dada su interrelación e
indivisibilidad, es necesario que la Comisión
abarque en su investigación la totalidad de la deuda pública: la
deuda interna tanto como la deuda externa; la deuda del Estado
nacional junto a la de los Estados provinciales y municipales; la
deuda del Estado propiamente tal como así también la deuda
contingente.
Asimismo,
debe aplicar una definición amplia e integral del concepto de
“irregularidades” planteado, abarcando desde los diversos campos
del derecho – nacional, regional e internacional, de derechos
humanos, derecho laboral, derecho ambiental entre ellos – hasta los
criterios de ilegitimidad que desde la ética, la vivencia de los
pueblos y la práctica acumulada en estas últimas décadas sobre
todo por los movimientos del Sur, por superar el yugo colonial del
sistema de la deuda, se han venido consolidando.
Denunciamos
por improcedente y violatorio del derecho ciudadano a la información,
la cláusula de confidencialidad incorporada al texto de la ley
26.984. Reclamamos la plena transparencia y publicidad de todas las
acciones de la Comisión
Investigadora
y la denuncia penal y civil de los responsables de generar, pagar y
cobrar una deuda ilegítima – no así de quienes los denuncian.
Reclamamos
la necesaria participación social y ciudadana en la investigación
de la Comisión
y la elaboración de sus conclusiones. Para su propia legitimidad y
la fuerza necesaria de sus resultados, la Comisión
deberá buscar, recibir y escuchar, los testimonios y aportes desde
los diversos sectores de la población y regiones del país cuyos
derechos han sido violentados por acción del sistema de
endeudamiento: entre otros el pueblo trabajador, desempleado,
jubilado y/o pensionado, las mujeres, los pueblos originarios, el
campesinado, los y las jóvenes, la población en situación de calle
o sin acceso a una vivienda digna, las comunidades afectadas por la
megaminería, las megarepresas, el agronegocio, el fracking, la
sobrepesca, la especulación inmobiliaria urbana y rural, y otros
megaproyectos estrechamente vinculados al sistema de endeudamiento y
saqueo. Resaltamos que es el Buen Vivir de este pueblo, único
acreedor legítimo de las deudas sociales, ecológicas, económicas,
históricas y democráticas, el marco valorativo y el enfoque
conceptual y metodológico que la Comisión
Investigadora
creada ahora por el Congreso, deberá enfocar como objetivo
principal.
Desde
la Asamblea,
nos comprometemos a contribuir al trabajo de la Comisión
investigadora parlamentaria,
compartiendo los resultados de años de investigación, análisis,
denuncia y movilización que han partido siempre de los tremendos
costos que el endeudamiento público siguen generando para el pueblo
argentino, su patrimonio y bienes naturales.
Nos
comprometemos además a monitorear la acción de la Comisión,
reservando el derecho a adoptar las estrategias pertinentes a fin de
evitar el desaprovechamiento o la manipulación de esta oportunidad
histórica. Y nos comprometemos a seguir multiplicando nuestro
llamado al pueblo argentino, verdadero y único acreedor, a debatir
ampliamente las causas, las consecuencias y las alternativas a este
verdadero sistema de dominación y saqueo a perpetuidad, y a
movilizarnos por el no pago de lo que no debemos, la sanción de los
responsables de los crímenes y violaciones cometidos por el sistema
de endeudamiento y la restitución y reparación de lo que hemos sido
obligados a pagar indebidamente.
¡PATRIA
ES NO PAGAR DEUDA ILEGÍTIMA!
¡SUSPENSIÓN
DE PAGOS E INVESTIGACIÓN A FONDO DE LA DEUDA!
¡DEFENDAMOS
EL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES!
¡El
ÚNICO ACREEDOR ES EL PUEBLO!
Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda
y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes
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